PUEBLA, PUE. — La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, descartó una salida anticipada de la institución y confirmó que concluirá formalmente su segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios el 4 de octubre de 2029. El anuncio fue realizado durante un acto institucional en el Salón Barroco del Edificio Carolino, evento que contó con el respaldo explícito del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Frente a la comunidad universitaria y liderazgos académicos, Cedillo Ramírez subrayó que la responsabilidad histórica de ser la primera mujer en encabezar la rectoría de la BUAP implica velar en todo momento por la estabilidad académica, política y financiera del organismo.
Estabilidad institucional y disciplinas en el gasto universitario
Durante su mensaje, la rectora detalló que la administración central mantendrá un manejo cauteloso pero firme en las arcas universitarias:
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Continuidad de la gestión: Reiteró que cumplirá cabalmente con el mandato otorgado por la comunidad universitaria hasta octubre de 2029.
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Aseguramiento de funciones: Precisó que, aunque se implementarán decisiones firmes de racionalidad económica, bajo ninguna circunstancia se comprometerán las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura o la atención integral a la matrícula estudiantil.
Respeto a la autonomía y esquema de paridad presupuestal 50/50
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier rechazó cualquier versión de injerencia en la vida interna de la universidad y desestimó las especulaciones sobre relevos anticipados en la rectoría:
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Garantía de autonomía: El mandatario estatal exhortó a la comunidad universitaria a desestimar rumores, ratificando que la autonomía universitaria prevalecerá de forma irrestricta sobre cualquier interés externo.
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Paridad financiera rumbo a 2030: Armenta Mier anunció un plan de proyección financiera progresivo rumbo al año 2030 para equiparar la aportación presupuestal del Gobierno del Estado con la de la Federación, alcanzando una distribución equitativa del 50 por ciento por cada orden de gobierno mediante criterios de suficiencia presupuestal y sostenibilidad.
