PUEBLA, PUE. — El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla otorgó contratos por un monto acumulado de 179.1 millones de pesos entre 2013 y 2025 a la red de presunta corrupción vinculada con los hermanos Hernández Casillas, concentrando el 72 por ciento de dicho importe global únicamente durante los ejercicios fiscales correspondientes a 2024 y 2025.
Así lo dio a conocer este jueves 5 de noviembre de 2026 el coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, quien confirmó que la administración estatal respalda plenamente las diligencias e intervenciones emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades penales y administrativas sin distingos ni excepciones.
Al exhibir registros cotejados de CompraNet y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el funcionario estatal detalló que la entidad figura dentro de los diez estados con mayores montos facturados en favor de esta red de empresas fachada.
Disparan asignaciones en 2024 y 2025; piden transparentar expedientes completos
García Parra precisó que la asignación de recursos públicos hacia este grupo de proveedores registró una aceleración sustancial en los últimos dos años:
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Periodo 2014-2023: El órgano electoral en Puebla de Zaragoza acumuló 49.4 millones de pesos en contratos con dicha red, situándose en la novena posición nacional entre los organismos públicos autonómicos con mayor facturación.
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Periodo 2024-2025: El monto asignado se disparó a 129.7 millones de pesos, colocándose en el primer lugar a nivel nacional por sobrecostos o concentración de adjudicaciones a estas firmas.
Ante este panorama, la Coordinación de Gabinete exigió garantizar el principio de máxima publicidad mediante la difusión integral y sin reservas de la totalidad de los expedientes de contratación del IEE de Puebla.
Respeto a la autonomía institucional e indagatorias federales
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Acompañamiento a fiscalización: El Gobierno de Puebla reiteró que el respaldo a la investigación de la ASF y la FGR busca esclarecer el destino final de las partidas presupuestales asignadas al arbitraje electoral.
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Sin juicios anticipados: Finalmente, García Parra enfatizó el respeto irrestricto del Poder Ejecutivo hacia la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del IEE Puebla encabezado por Judith Lozano Pérez,subrayando que se mantendrá la prudencia legal a la espera de los dictámenes finales que emitan las autoridades competentes.
