PUEBLA, PUE.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó ante el Congreso local el inicio del juicio de procedencia para retirar la inmunidad constitucional al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La petición de desafuero incluye también al edil de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero —ambos de extracción emecista—, con la finalidad de proceder penalmente en su contra, aunque en este último caso la representación social no ha precisado los delitos imputados.
Madre de la víctima exige justicia sin "chivos expiatorios"
Tras la confirmación del hallazgo de los restos de la comunicadora —privada de la libertad el pasado 2 de junio—, Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán, respaldó las acciones del ministerio público pero demandó una investigación profunda y rigurosa.
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Señalamientos directos: La madre de la periodista acusó que desde el día del levantón tuvo conocimiento de la presunta implicación de Raúl González y del alcalde de Nanchital, José Luis Pérez Salinas.
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Red de complicidades: Exigió investigar a la coordinadora de la policía municipal de Nanchital, Karina "N", y localizar a su pareja, José Luis "N", elemento prófugo de la misma corporación.
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Justicia plena: Pidió que la causa penal no busque chivos expiatorios y se aplique todo el peso de la ley contra los responsables, entre los que ya figuran cuatro civiles armados y cuatro policías municipales de Ixhuatlán detenidos.
Petición formal ante el Congreso e itinerario legal
El trámite para retirar la protección constitucional a los alcaldes fue presentado el pasado 6 de julio por el fiscal de la Sub Unidad de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González.
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Plazo de defensa: Tras la notificación formal, los ediles señalados cuentan con siete días hábiles para presentar sus argumentos de defensa o comparecer ante la Comisión Instructora.
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Proceso legislativo: Una vez desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, la comisión evaluará el expediente y emitirá un dictamen que será sometido a votación ante el Pleno de la Legislatura veracruzana.
Movimiento Ciudadano exige debido proceso y descarta impunidad
Ante la solicitud de desafuero, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, advirtió que la bancada no respaldará pactos de impunidad, pero exigió que la FGE no sea utilizada como instrumento de persecución política contra la oposición.
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Garantías procesales: La legisladora hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y a sustentar las acusaciones en pruebas contundentes y no en especulaciones mediáticas.
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Apego a la ley: Sostuvo que confían en la aplicación de la justicia siempre que las investigaciones se conduzcan de manera imparcial, objetiva y con estricto apego al marco normativo.
