CIUDAD DE PUEBLA (13 de abril, 2026) – Tras un tortuoso proceso judicial marcado por denuncias de irregularidades, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una pena de 50 años de prisión contra Jorge Mario N. Sin embargo, en una decisión que la familia de la víctima califica de "insólita", el feminicida no pisará la cárcel debido a un padecimiento de hemorroides.
Un historial de evasión
Jorge Mario N., hoy de 60 años, logró burlar a las autoridades durante cinco años, manteniéndose prófugo desde el ataque a Alejandra hasta su captura en junio de 2023.
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El beneficio: Solo cinco meses después de su detención, el Poder Judicial modificó sus medidas cautelares, permitiéndole dejar la prisión preventiva.
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El argumento médico: La defensa logró acreditar una complicación médica (hemorroides) que, a criterio del tribunal, le impide permanecer en un centro de reinserción social.
La agonía de Alejandra
El feminicidio ocurrió hace más de un lustro. Alejandra, de 43 años, pasó sus últimos tres días de vida agonizando en un hospital tras el ataque de su pareja. Durante ese tiempo, el personal médico documentó un historial de violencia sistémica:
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Lesiones previas: Los reportes hospitalarios indicaron que Alejandra presentaba huellas de maltrato físico que databan de mucho tiempo atrás.
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Pena máxima: Debido a la saña y el contexto de violencia, la familia exigía la pena de 60 años de prisión, el máximo castigo permitido por el Código Penal vigente al momento de los hechos.
Indignación por el "Arraigo Domiciliario"
La familia Galeazzi ha denunciado una serie de fallas procesales que, aseguran, favorecieron al agresor:
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Pruebas desechadas: Acusan que se descartaron evidencias clave durante las audiencias.
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Riesgo de fuga: Existe un temor fundado entre los deudos de que el brazalete electrónico no sea suficiente para garantizar que Jorge Mario N. no vuelva a escapar, considerando sus antecedentes de evasión.
"Es increíble que después de años de lucha, la justicia le dé un trato de privilegio a quien le arrebató la vida a Alejandra", señalaron familiares, quienes han hecho pública su desconfianza hacia el criterio del Tribunal.
