Grupo delictivo financió bloqueos en penal de San Miguel con 280 mil pesos: SSP

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Manifestación en Casa Aguayo. Foto: Gran Angular.

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PUEBLA, PUE. — Un grupo delictivo habría estado detrás de los bloqueos y protestas registrados el pasado 10 de noviembre por supuestos familiares de internos del penal de San Miguel, a quienes presuntamente se les pagaron 400 pesos por participar durante tres horas, lo que implicaría un desembolso estimado en 280 mil pesos, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario detalló que la movilización reunió a cerca de 700 manifestantes que bloquearon simultáneamente 8 puntos clave de Puebla y su zona conurbada.

Operativa y financiamiento de las protestas en el penal de San Miguel

De acuerdo con las indagatorias de las corporaciones de seguridad, la protesta no fue espontánea, sino una movilización planeada mediante diversos mecanismos logísticos:

  • Organización digital: Las convocatorias fueron difundidas de manera coordinada a través de redes sociales.

  • Traslado de participantes: Los asistentes fueron movilizados hacia los puntos de bloqueo a bordo de autobuses y camionetas.

  • Distribución de material: Se documentó que las cartulinas utilizadas durante las manifestaciones fueron repartidas directamente desde un mismo vehículo.

Ante estos hechos, el titular de la SSP aseguró que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) para identificar a los autores intelectuales, así como a quienes financiaron la logística y el traslado de los inconformes. Asimismo, puntualizó que el centro penitenciario de San Miguel opera con normalidad y sin incidentes al interior, ya que las manifestaciones ocurrieron exclusivamente en el exterior.

Carpeta de investigación abierta por la FGE

  1. Delitos perseguidos: Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que el organismo procurador de justicia abrió una carpeta de investigación por los delitos de ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, derivados de las afectaciones viales provocadas por los falsos familiares de los reclusos.

  2. Seguimiento legal: Las autoridades ministeriales continúan con el análisis de cámaras de videovigilancia y testimonios para deslindar responsabilidades.

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