La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró filas con el Gobierno de Puebla tras la denuncia de un presunto intento de extorsión por 2 mil 350 millones de pesos por parte de TV Azteca, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal calificó estas acciones como "prácticas del pasado" que han perdido efectividad ante la apertura de nuevos canales de comunicación.
Cuestionada sobre la solicitud de la televisora al gobierno de Alejandro Armenta —que incluía contratos de internet y publicidad a cambio de frenar ataques mediáticos—, Sheinbaum fue contundente:
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El fin del monopolio informativo: Expuso que la estrategia de "golpeteo mediático" por falta de convenios ya no funciona debido a la variedad de medios alternativos y el contacto directo de los gobernantes con la ciudadanía.
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Resistencia al chantaje: “¿Quieren hablar? Que hablen, aquí tenemos el espacio de debate público”, sentenció la presidenta, minimizando el impacto de las campañas negativas de las grandes televisoras.
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Cambio de paradigma: Recordó que, en administraciones pasadas, el gobierno era quien presionaba a los medios, pero ahora la dinámica se ha invertido en algunos casos donde los medios intentan presionar al poder público.
“Mejor que golpeen, mediáticamente hablando… fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la Mañanera y la visita casa por casa”, señaló la presidenta.
Antecedentes del conflicto en Puebla
El respaldo federal ocurre apenas 24 horas después de que el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra, y el propio gobernador Armenta, exhibieran las pretensiones económicas de la televisora:
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La propuesta: Un paquete de servicios de internet y comunicación por una cifra equivalente a la deuda del Museo Barroco.
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La represalia: El Gobierno de Puebla sostiene que reportajes sobre supuestas omisiones en zonas de desastre (como Pahuatlán) son, en realidad, "mentiras fabricadas" ante la negativa de firmar el convenio multimillonario.
Sheinbaum enfatizó que su administración no interviene en las líneas editoriales ni pide la salida de periodistas, marcando una distancia con el modelo de control de sexenios anteriores, pero validando el derecho de los gobiernos locales a no ceder ante presiones financieras de grupos mediáticos.
