CIUDAD DE PUEBLA (9 de abril, 2026) — El Congreso de Puebla se consolidó este jueves como un aliado estratégico de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo al ser uno de los primeros diez estados en avalar el llamado "Plan B". Con 34 votos a favor y 6 en contra, la LXII Legislatura dio luz verde a una reforma que no solo recorta burocracia, sino que impone techos financieros históricos.
La "poda" en los Cabildos: Menos sillas, más ahorro
El impacto más directo para la política de la capital poblana será la reducción de su cuerpo de regidores. La nueva norma constitucional establece un límite de 15 integrantes para los ayuntamientos más grandes y un mínimo de siete para los más pequeños.
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El cambio en Puebla: El Ayuntamiento de la capital, que históricamente operaba con 23 regidores, verá reducida su fuerza a solo 15 a partir de los comicios de 2027.
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Pluralidad en duda: Esta medida fue el principal blanco de críticas de la priista Delfina Pozos Vergara, quien advirtió que reducir espacios debilita los contrapesos y la representación de las minorías.
Candado al gasto legislativo y fin de "privilegios"
La reforma establece que los Congresos estatales ya no podrán solicitar presupuestos a discreción.
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Tope del 0.7%: Ningún legislativo podrá recibir más del 0.7% del presupuesto anual de su estado. En Puebla, donde actualmente se opera con el 0.2%, esta regla cierra la puerta a cualquier intento de expansión financiera significativa en los próximos años.
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Adiós a los seguros: Se prohíbe tajantemente el uso de recursos públicos para pagar seguros de gastos médicos mayores, pensiones especiales o cajas de ahorro privadas para funcionarios.
Árbitros electorales bajo el tope presidencial
El TEEP y el IEE verán ajustados sus tabuladores salariales. La reforma es clara: ningún magistrado ni consejero electoral podrá ganar más que la Presidenta de la República. Esta medida busca homologar el servicio público bajo la visión de que no puede haber "gobierno rico con pueblo pobre".
La crítica de la oposición: El crimen organizado
Mientras la mayoría oficialista celebraba la eficiencia del trámite fast-track, la diputada panista Susana Riestra Piñalanzó un cuestionamiento de fondo: aseguró que el "Plan B" se desgasta en la administración de pesos y centavos, pero ignora la mayor amenaza para la democracia mexicana: la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
