PUEBLA, PUE. — Un saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente vial registrado sobre la Avenida Juárez de la capital poblana, luego de que un conductor de nacionalidad venezolana, presuntamente en estado de ebriedad, impactara a toda velocidad a dos vehículos en su intento por evadir un punto de revisión de alcoholímetro.
El hecho de tránsito ocurrió la noche del pasado sábado 7 de noviembre de 2026, cuando el presunto responsable,identificado por las autoridades como Gerardo "N", embistió de manera frontal a un vehículo particular y a un automóvil de transporte ejecutivo por plataforma. Tras la fuerza del colisión, una de las unidades afectadas fue declarada con pérdida total, mientras que dos ocupantes resultaron con heridas de consideración, requiriendo su traslado inmediato por paramédicos a un nosocomio.
Acusan historial de infracciones e intento de fuga del país
Familiares de los afectados se apersonaron ante los medios de comunicación y en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la conducta del Imputado y exigir celeridad en la integración de la carpeta de investigación:
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Intento de evasión legal: La hermana de uno de los lesionados señaló que Gerardo "N" intentó huir a pie del sitio tras la colisión. Asimismo, advirtió que el implicado estaría gestionando un trámite de asilo en el extranjero para salir del país y evadir las sanciones penales y la reparación del daño.
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Reincidencia vial: Los denunciantes revelaron que el sujeto acumula un historial de opacidad y violaciones al Reglamento de Tránsito, registrando presuntamente hasta 70 infracciones de tránsito no liquidadas ante las autoridades del municipio de Puebla.
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Petición a las autoridades para evitar impunidad
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Medidas cautelares: Los familiares exigieron al Ministerio Público la imposición de prisión preventiva o la retención de documentos migratorios para garantizar que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia.
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Atención médica: Las víctimas continúan bajo tratamiento hospitalario, por lo que los abogados defensores exigieron el pago total de los gastos de salud y las indemnizaciones por las unidades destruidas.
