CIUDAD DE MÉXICO (24 de abril, 2026) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, solicitó formalmente explicaciones a la gobernadora María Eugenia Campos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos locales. La mandataria fue tajante: en Chihuahua se habrían saltado los protocolos constitucionales de cooperación internacional.
El llamado al orden de García Harfuch
En una reunión privada de menos de una hora, el titular de la SSPC notificó a la gobernadora que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros debe observar principios legales estrictos que, en este caso, fueron omitidos:
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Falta de procedimiento: Sheinbaum señaló que no se siguieron los canales adecuados para permitir la operatividad de agentes extranjeros.
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Información pendiente: La gobernadora Maru Campos quedó de entregar un informe detallado sobre el alcance de la participación de la agencia estadounidense en su territorio.
Circular nacional: Reglas claras para los estados
Ante este incidente, el Gobierno de México envió este mismo viernes una comunicación oficial a todas las entidades federativas para recordarles los límites de su autonomía en materia de seguridad:
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Canales oficiales: Toda coordinación con agencias como la CIA o la DEA debe ser canalizada forzosamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o el Gabinete de Seguridad Federal.
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Marco Legal: El documento subraya la obligatoriedad de apegarse a la Ley de Seguridad Nacional para evitar actos de subordinación o injerencismo.
Soberanía vs. Resultados
La presidenta rechazó que los cuestionamientos al operativo en Chihuahua sean un ataque político o un desconocimiento a los resultados locales en combate al crimen:
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El límite: "Hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios", sentenció Sheinbaum, recordando que la defensa del territorio ha tenido altos costos históricos para el país.
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Cooperación sí, injerencia no: Aclaró que existe personal de EE. UU. autorizado en México, pero siempre bajo supervisión federal y sin facultades operativas directas que vulneren la Constitución.
