CIUDAD DE PUEBLA.- A más de 12 años del feminicidio de Araceli Vázquez Barranco, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla acusó que el caso sigue marcado por la impunidad, la revictimización y las fallas del sistema judicial para garantizar acceso a la justicia con perspectiva de género.
Durante una conferencia de prensa, Amada Barranco Barranco, madre de la víctima, afirmó que el proceso legal la ha obligado a revivir constantemente el asesinato de su hija y lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara revisar el caso.
“Si la Suprema Corte hubiera revisado mi caso, nos habría evitado a mí, a mis hijas y a mis nietos revivir todo lo que hemos vivido durante 12 años”, expresó.
Araceli Vázquez fue asesinada el 13 de noviembre de 2013 por su expareja, Javier Mauricio, dentro de su domicilio en Acajete mientras se bañaba. Aunque el hombre fue detenido en junio de 2023 y sentenciado en febrero de 2024 a 35 años de prisión por feminicidio, meses después logró que el delito fuera reclasificado a homicidio.
La Cuarta Sala Colegiada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla resolvió reducir la pena a 27 años y seis meses de prisión al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar violencia de género previa, como amenazas o acoso psicológico.
🟣 A más de una década del feminicidio de Araceli Vázquez Barranco, la impunidad y la revictimización siguen siendo la norma.
La Clínica Jurídica Minerva Calderón de la @IberoPuebla denuncia que el proceso continúa marcado por fallas graves: reducción de penas y obstáculos… pic.twitter.com/KBA8qYwUUg
— Gremio 51 (@gremio_51) May 25, 2026
La familia promovió un amparo directo contra esa resolución, acompañada por la Clínica Jurídica de la Ibero. Aunque el Tercer Tribunal Colegiado concedió el recurso, únicamente ordenó reabrir el proceso penal para realizar nuevos peritajes y pruebas psicológicas.
Para Simón Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica, la resolución representa una carga desproporcionada para las víctimas y evidencia los obstáculos para acreditar la violencia psicológica en casos de feminicidio.
“¿Cómo se acredita el sufrimiento de una persona que ya falleció? La interpretación que hicieron sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia genera una exigencia probatoria excesiva”, cuestionó.
La Clínica también promovió un recurso ante la SCJN; sin embargo, el máximo tribunal desechó el caso al considerar que no tenía relevancia constitucional ni interés excepcional.
La hermana de Araceli, Alma Delia Vázquez Barranco, denunció que la reapertura del proceso ha obligado a familiares, incluidos menores de edad, a declarar nuevamente sobre el crimen y aspectos de su vida privada.
“Lo único que pido es justicia para mi hermana”, dijo.
En el contexto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Clínica Jurídica advirtió riesgos en la propuesta al eliminar el concepto de “impunidad” como parte de la violencia feminicida.
María Fernanda Santos de la Rosa, integrante de la Clínica, señaló que la violencia feminicida no termina con el asesinato, sino que continúa mientras persistan la impunidad y las fallas institucionales.
“La violencia feminicida es permanente mientras no exista justicia”, sostuvo.
