PUEBLA, PUE.– El reciente linchamiento de Juan Felipe, el hombre de 33 años en el municipio de Cohuecan, ha puesto de manifiesto, una vez más, el alarmante riesgo de la mal llamada "justicia por propia mano" en Puebla. Mientras el Congreso del Estado avanza en la ruta legal para tipificar esta conducta como un delito específico, los primeros hallazgos sobre el caso evidencian el trágico desenlace de los juicios tumultuarios basados en sospechas infundadas.
De acuerdo con datos preliminares de las autoridades y los reportes emitidos desde el Poder Legislativo, la víctima de este acto de barbarie comunitaria no guardaba relación alguna con actividades delictivas.
Una víctima inocente: El peligro del rumor
Las pesquisas iniciales en torno a los hechos ocurridos en Cohuecan echaron abajo las versiones que los agresores utilizaron para justificar el ataque. El análisis del entorno de la víctima confirmó que el varón linchado era un ciudadano ajeno a la delincuencia organizada o a los robos en la región.
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Oficio legítimo: El hoy occiso se dedicaba formalmente al comercio y a la compra-venta de fierro viejo, originario de San Pedro Cholula.
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Ausencia de delitos: Al momento de ser retenido y agredido por la población, no existía ninguna prueba, señalamiento formal o flagrancia que lo vinculara con algún acto ilícito en el municipio.
Este escenario reactivó las alarmas entre colectivos de derechos humanos y el propio aparato legislativo, debido a que la difusión de rumores falsos en redes sociales y de boca en boca continúa operando como el principal detonante de ejecuciones extrajudiciales en las comunidades poblanas.
Urgencia legislativa frente al vacío normativo
La confirmación de la inocencia del comerciante en Cohuecan fue utilizada por la bancada mayoritaria en el Congreso local para insistir en la urgencia de dotar al estado de un marco punitivo severo contra quienes promueven estos ataques.
El caso ha acelerado el cabildeo de la reforma penal que busca sancionar con hasta 10 años de cárcel a quienes inciten a la violencia comunitaria y con hasta 15 años a quienes consumen el linchamiento, de forma independiente a las penas acumuladas por el delito de homicidio.
El llamado desde el Legislativo subraya que permitir que las poblaciones asuman funciones de jueces y verdugos destruye el tejido social y el Estado de Derecho, cobrando la vida de ciudadanos inocentes bajo la total opacidad del anonimato tumultuario.
