CIUDAD DE PUEBLA, PUE. – El Gobierno del Estado de Puebla descartó la existencia de una crisis diplomática o institucional con la administración de Tlaxcala, tras los reproches emitidos por el vocero de la entidad vecina, Antonio Martínez Velázquez, sobre una presunta intromisión poblana en la investigación del matrimonio Tello Ruiz.
En conferencia de prensa, el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, sostuvo que la relación entre ambos gobiernos es de una “extraordinaria colaboración”, blindando así la alianza en materia de seguridad que se ha tejido desde el inicio de la gestión.
1. Convenios de seguridad por encima de la polémica
García Parra recordó que Tlaxcala fue de los primeros estados con los que Puebla signó un convenio de coordinación institucional. Este acuerdo, explicó, no es meramente simbólico, sino que permite:
-
Intercambio de información: Acceso compartido a bases de datos en tiempo real.
-
Operatividad limítrofe: Estrategias conjuntas para combatir la delincuencia en las zonas de frontera entre ambos estados, donde precisamente se han registrado hallazgos relacionados con este caso.
2. Respaldo a Idamis Pastor y la tesis de "Delincuencia Organizada"
Respecto a las críticas de Tlaxcala hacia la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, el funcionario estatal fue tajante al recordar que las fiscalías son órganos autónomos.
García Parra recalcó que la titular de la FGE Puebla actuó bajo sus propias atribuciones al informar sobre las líneas de investigación que se siguen en territorio poblano. En este sentido, reafirmó la postura de la fiscalía local:
-
El móvil: Una presunta deuda entre particulares.
-
Tipificación: Se mantiene la visión de que se trata de un caso de delincuencia organizada, argumentando que en la desaparición y homicidio participaron de forma coordinada más de dos personas, lo cual encuadra en la definición técnica de dicho delito.
3. Sin intromisión, solo facultades legales
Ante el señalamiento del vocero tlaxcalteca sobre supuestas "presiones mediáticas" que habrían forzado declaraciones apresuradas en Puebla, el coordinador de Gabinete aseguró que cada institución trabaja dentro de su marco legal.
García Parra enfatizó que la coordinación "se mantiene firme" y que las diferencias de criterio entre las fiscalías no deberían empañar la estabilidad regional ni el objetivo común: garantizar resultados y justicia para las familias de las víctimas.
