TLAXCALA, TLAX. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) obtuvo la vinculación a proceso de Hugo N. y Alejandro N., señalados por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del matrimonio conformado por Alexandro Tello y Karina Ruiz, cuyos cuerpos fueron localizados recientemente en Chignahuapan, Puebla.
1. Investigación sin nexos con delincuencia organizada
En un comunicado directo, la FGJE fue enfática al señalar que, tras el análisis de las pruebas y las diligencias ministeriales realizadas hasta este 4 de marzo de 2026, se descarta que los hechos estén relacionados con la delincuencia organizada. Este punto resulta clave en la disputa mediática que se mantenía con la Fiscalía de Puebla, la cual había sugerido públicamente que el móvil y la ejecución del crimen tenían características propias de organizaciones criminales. Tlaxcala mantiene que el caso responde a una dinámica distinta, posiblemente vinculada a conflictos entre particulares.
2. El proceso judicial contra Hugo N. y Alejandro N.
Los dos hoy vinculados a proceso son piezas fundamentales en la reconstrucción de los hechos:
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El delito: Se les imputa formalmente la desaparición de la pareja, ocurrida en territorio tlaxcalteca el pasado mes de febrero.
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Medida Cautelar: Se espera que permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure la investigación complementaria.
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Continuidad: La Fiscalía estatal aseguró que las diligencias continúan para fortalecer la carpeta de investigación y determinar si existen más copartícipes en el crimen.
3. Esclarecimiento de los hechos
Tras la vinculación, la prioridad de la FGJE será determinar el grado de participación de los detenidos en el homicidio posterior a la desaparición. Mientras tanto, el gobierno de Tlaxcala reiteró que no permitirá que la presión social o mediática apresure diagnósticos que no correspondan a la realidad técnica de los peritajes.
La defensa de los imputados tendrá ahora un plazo legal para presentar pruebas de descargo, mientras que los familiares de las víctimas, a través de sus representantes legales, vigilarán que el proceso se mantenga bajo la jurisdicción de Tlaxcala para evitar mayores contradicciones institucionales.
