PUEBLA, PUE.– El conflicto político y administrativo que paraliza al municipio de Acatlán de Osorio dio un giro radical. El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, reveló que la disputa en la demarcación rebasa por completo las diferencias entre las autoridades locales, ya que existen investigaciones en curso sobre presuntos vínculos de servidores públicos con grupos delictivos que operan en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
Las alarmantes declaraciones del mandatario estatal surgen luego de que la alcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, acusara públicamente que detrás de la rebelión de los regidores que promueven su revocación de mandato se encuentra Pedro Flores Romero, alias “El Peye”, a quien señaló como presunto líder de la organización criminal "Los Rojos".
Fiscalía investiga intromisión de "Los Rojos"
Ante este escenario, Armenta Mier hizo un llamado enérgico a manejar la situación con absoluta responsabilidad y confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentra desahogando las indagatorias correspondientes para determinar el grado de intromisión de las células delictivas en el Cabildo de la Mixteca.
El titular del Ejecutivo enfatizó la complejidad geopolítica del caso y la conectividad criminal en la frontera sur de la entidad:
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Alerta en la frontera: “Es un tema muy delicado. Hay posibles vínculos de grupos delictivos que están operando en Oaxaca y límites con Puebla”, declaró.
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Foco rojo interestatal: Como muestra de la gravedad en la zona, el gobernador trajo a cuenta el reciente asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, quien fue ejecutado a balazos por un comando armado. Afirmó que este violento contexto motivó reuniones de urgencia con su homólogo de Oaxaca para blindar y reforzar la coordinación de seguridad interestatal.
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Sin impunidad: Finalmente, rechazó tajantemente cualquier señalamiento que acuse una presunta protección gubernamental a organizaciones delictivas y sostuvo que las pesquisas ministeriales llegarán hasta las últimas consecuencias.
Blindan a la presidenta municipal tras denuncias
Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que, debido al nivel de riesgo que implican las acusaciones vertidas públicamente, la administración estatal ya otorgó medidas de protección personal y escoltas a la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
El encargado de la política interna de Puebla secundó que corresponderá estrictamente a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales o nexos de las autoridades con el crimen organizado. En tanto, aseguró que la Segob mantiene un esfuerzo permanente para sostener canales de diálogo tanto con la presidenta municipal como con el bloque de regidores disidentes.
Desaires al diálogo institucional
Aguilar Pala reveló que el gobierno del estado implementó una célula de mediación para frenar la parálisis en Acatlán. Detalló que una comisión de alto nivel —integrada por representantes de Gobernación, Fiscalía, Seguridad Pública y Derechos Humanos— se trasladó físicamente hasta la cabecera municipal para desahogar una mesa de trabajo con los regidores inconformes. Sin embargo, estos últimos desairaron el encuentro y no se presentaron, a pesar de que los funcionarios estatales los esperaron en el sitio durante más de ocho horas.
“El objetivo es evitar vacíos de poder y privilegiar la gobernabilidad. Si existe responsabilidad de alguna autoridad, también se actuará”, sentenció el titular de la Segob.
Por último, el funcionario estatal reconoció que denunciar abiertamente los nexos criminales en la región Mixteca conlleva serios peligros para los actores políticos, pero defendió que es un paso necesario para fomentar la cultura de la denuncia y erradicar la impunidad que fractura la tranquilidad de los municipios poblanos.
