CIUDAD DE PUEBLA.- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de comparecencia en contra de María Concepción N., de 57 años, por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión. La imputada está bajo investigación tras descubrirse que presuntamente ejerció funciones especializadas dentro del sector salud público de la entidad sin contar con la acreditación legal requerida.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la mujer se ostentó como Químico Farmacobiólogo entre los años 2018 y 2025. Durante ese periodo de siete años, María Concepción N. realizó actos propios de dicha licenciatura en el Laboratorio de Salud Pública del Estado de Puebla, desempeñándose de manera particular en el área de microbiología de alimentos sin poseer título ni cédula profesional.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de comparecencia en contra de María Concepción N., de 57 años, por su probable responsabilidad en el delito de usurpación de profesión, derivado de hechos registrados en la ciudad de Puebla.… pic.twitter.com/ZnkP1bNdsd
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) May 17, 2026
La captura fue resultado de una serie de pesquisas desarrolladas por la Unidad de Apoyo Policial de Combate a la Corrupción. Tras recabar los indicios necesarios que presumían la falsificación de su estatus profesional, un juez de control obsequió el mandato judicial para obligarla a comparecer ante los tribunales correspondientes y responder por las imputaciones en su contra.
El cumplimiento de la orden se llevó a cabo el pasado 13 de mayo de 2026 por parte de agentes investigadores de la Fiscalía. La detención de la sospechosa ocurrió en las inmediaciones del Laboratorio de Salud Pública, ubicado dentro del Complejo Médico Sur en la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana, mientras la implicada se encontraba en la zona.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado informó que continúa con el desarrollo de las diligencias complementarias para determinar la situación jurídica de la detenida conforme a derecho. El caso ha encendido alertas sobre las medidas de control y filtros de contratación de personal en áreas críticas de análisis sanitario que maneja el gobierno estatal.
