CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (21 de marzo, 2026) – Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la destitución de más de 20 funcionarios y la investigación de 7 mil plazas presuntamente irregulares, diversos colectivos docentes alzaron la voz para señalar que estas acciones no deben quedar en un "ajuste de cuentas" administrativo, sino en una reparación integral del daño para quienes han sostenido el sistema educativo en la precariedad.
A través de un manifiesto que circula entre las bases magisteriales, los trabajadores de la educación calificaron la situación no como un saneamiento espontáneo, sino como la confirmación de un sistema corrupto que ha operado por más de una década en la entidad.
La corrupción como sistema de exclusión
Para los docentes, la detección de irregularidades en miles de plazas es solo la "punta del iceberg" de una red de favores y discrecionalidad que ha marginado a perfiles preparados.
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El reclamo: Durante años, la asignación de plazas se manejó bajo intereses políticos, mientras los maestros frente a grupo trabajaban sin certeza laboral ni prestaciones.
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Las víctimas: Señalan que los más afectados han sido los docentes rurales que, en muchos casos, han sostenido las aulas con sus propios recursos y sin percibir salario durante meses.
¿Y los Telebachilleratos Comunitarios?
El sector de Telebachilleratos Comunitarios —que recientemente denunció hostigamiento y simulación laboral— cuestionó por qué el discurso de transparencia no ha llegado a su subsistema.
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El vacío legal: Mientras se investigan plazas de base, miles de maestros de telebachillerato siguen bajo esquemas de contrato que borran su antigüedad y les niegan el acceso a la seguridad social.
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Exigencia: Demandan que la "limpia" incluya un proceso de basificación real para quienes llevan más de 12 años en el servicio sin reconocimiento institucional.
Justicia, no solo destituciones
El magisterio poblano fue enfático al señalar que el cese de funcionarios es insuficiente si no se acompaña de:
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Sanciones penales: Investigaciones que alcancen a todas las jerarquías responsables de la opacidad.
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Transparencia total: Un mecanismo público y auditable para la futura asignación de plazas.
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Justicia laboral: Pago puntual, seguridad social y, fundamentalmente, el reconocimiento de la antigüedad laboral de los docentes precarizados.
Un sistema que se sostiene desde el olvido
El pronunciamiento cierra con una advertencia clara: la educación en Puebla no logrará un verdadero "reordenamiento" si se continúa ignorando a los maestros que laboran en las zonas más marginadas y olvidadas del estado. Sin derechos laborales plenos, afirman, cualquier reforma educativa será mera simulación.
