Armenta niega persecución política tras detención de activista opositor al Cablebús en Puebla

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Arturo N., activista contra el Cablebús. Foto: Especial.

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PUEBLA, PUE.— El gobernador Alejandro Armenta Mier descartó cualquier trasfondo o persecución política tras la detención de Arturo Mendoza, abogado e integrante del colectivo "Hermanos Serdán" opositor al proyecto del Cablebús, al precisar que el mandamiento judicial obedece estrictamente a una denuncia penal presentada en su contra por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo estatal aseveró que el litigante es libre de manifestar su rechazo al proyecto de transporte público, pero enfatizó que la ley no tolera agresiones contra las mujeres. Asimismo, cuestionó la postura del colectivo por respaldar a "un violentador de una mujer" y remarcó que el Gobierno del Estado no mantiene acciones persecutorias contra ningún activista.

Los antecedentes del caso y la acusación penal

La aprehensión del activista fue ejecutada por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 26 de septiembre de 2026, luego de las investigaciones derivadas de la querella interpuesta por su expareja, identificada como Nadia:

  • Detalles de la denuncia: La víctima señaló que el imputado la agredió físicamente, la despojó de su equipo de cómputo y la desalojó del inmueble que habitaban.

  • Agravante de salud: De acuerdo con la acusación, los actos de agresión y desalojo se perpetraron mientras la víctima enfrentaba la etapa final de un tratamiento contra el cáncer.

Arturo N., detenido por violencia familiar.

Protestas e inconformidad del colectivo "Hermanos Serdán"

A la par de las declaraciones emitidas por el Ejecutivo estatal, miembros del colectivo "Hermanos Serdán" promovieron movilizaciones en la capital poblana:

  1. Manifestaciones: Integrantes de la agrupación se concentraron en el Zócalo de Puebla y a las afueras de la Casa de Justicia de la calle 11 Sur.

  2. Reclamaciones: Los inconformes acusaron supuestas inconsistencias en la aprehensión, señalaron falta de elementos probatorios y exigieron el respeto irrestricto a las garantías del debido proceso para el detenido.

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