En un mundo cada vez más conectado, donde las agresiones ya no sólo ocurren en las calles sino también en las pantallas, Puebla ha dado un paso relevante con la entrada en vigor de la Ley de Ciberasedio.
Aunque su redacción ha generado polémica, es necesario reconocer que la entidad está abriendo camino hacia una regulación urgente: la protección de personas frente a la violencia digital.
La iniciativa, aprobada por el Congreso local y en vigor desde el 14 de junio, busca sancionar el acoso reiterado en línea, los ataques con fines de intimidación, y actos como la suplantación de identidad. Uno de sus principales aciertos es ofrecer un marco jurídico concreto para atender denuncias que antes quedaban en el limbo.
Tan solo en 2024, se contabilizaron más de 1 500 carpetas de investigación en Puebla relacionadas con ciberdelitos que no podían avanzar por la falta de tipificación legal. Hoy, al menos sobre el papel, las víctimas pueden aspirar a justicia.
La ley también se enfoca en proteger a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes, quienes son blanco frecuente de acoso, grooming o difusión de contenido íntimo no consentido. En un entorno donde cada celular puede convertirse en un arma, el blindaje institucional es más que oportuno.
Otro punto destacable es el compromiso reciente del Congreso y del propio gobernador Alejandro Armenta por acotar el uso de esta ley para evitar abusos. Se ha planteado que los servidores públicos no puedan recurrir a ella para silenciar críticas. Esta disposición no sólo protege el derecho a la libertad de expresión, sino que manda un mensaje claro: la ley no debe ser usada como escudo para la censura.
Sin embargo, el artículo 480 del Código Penal, columna vertebral de la reforma, ha generado legítimas dudas. Frases como “injuriar, insultar o vejar” resultan demasiado ambiguas, y su interpretación podría prestarse a excesos o persecución contra periodistas, activistas o simples ciudadanos inconformes. La frontera entre proteger del acoso y censurar la crítica sigue siendo muy delgada.
El reto, entonces, no es derogar la ley, sino perfeccionarla. Celebramos que se abran mesas de diálogo con sociedad civil, academia, medios de comunicación y especialistas en derechos digitales. Puebla no puede permitirse replicar figuras que criminalicen la opinión pública o generen autocensura por miedo a represalias legales.
Estamos frente a un momento clave: construir una justicia digital que no sea sinónimo de vigilancia ni de mordaza. La Ley de Ciberasedio puede ser una herramienta poderosa para proteger, pero solo si se maneja con la precisión y la ética que exige el siglo XXI.
Y aquí la gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
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