El Gobierno del Estado, a través del coordinador de Gabinete José Luis García Parra, se pronunció a favor de abrir espacios de diálogo sobre la iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori, sugiriendo que el análisis no solo sea jurídico, sino también económico y social.
García Parra señaló que, si bien los legisladores tienen libertad total para proponer reformas, es necesario escuchar a sectores que se ven directamente afectados por las movilizaciones derivadas de reportes falsos:
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Transportistas y Empresarios: El funcionario destacó que los bloqueos de vialidades por exigencias de localización generan "cuantiosas pérdidas económicas", por lo que estos sectores deben ser consultados.
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Análisis Integral: Sugirió sumar al sector académico, colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos para evaluar las implicaciones de la ley.
Congreso busca evitar la polarización
Paralelamente, el presidente del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el tema entrará a una etapa de análisis técnico y social para calmar los ánimos tras el choque entre Morena y el PAN:
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Sanción alternativa: Gaspar propuso que, en lugar de castigos penales, se consideren tratamientos psicológicos obligatorios para quienes simulen una desaparición.
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Debate institucional: Se busca conciliar la postura de Salvatori (quien critica el gasto inútil de recursos) con la de Susana Riestra (quien advierte sobre la criminalización de las víctimas).
“Desde el punto de vista del Congreso, debe haber un foro, una consulta, un debate y un consenso”, sentenció Pável Gaspar al anunciar que las mesas de trabajo iniciarán esta misma semana.
