El Colectivo de Observación Ciudadana Puebla presentó una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) por el presunto cobro irregular de cuotas diarias a mujeres indígenas totonacas que venden alimentos dentro de la institución. A partir de esta queja, el área inició el expediente de investigación 15/2025.
De acuerdo con la denuncia, entre ocho mujeres que diariamente alimentan a la comunidad universitaria se les exige el pago de cuotas de entre 120 y 140 pesos diarios, sin que exista fundamento legal, administrativo o normativo que respalde dichos cobros, ni se emitan comprobantes oficiales que acrediten el destino del recurso.
El oficio fue dirigido al Consejo Directivo de la UIEP, al que el colectivo solicitó una explicación formal y legalmente justificada sobre el origen de las cuotas, los registros contables, los supuestos acuerdos que las autorizan y el destino del dinero recaudado.
Según lo documentado, la universidad cobra 40 pesos por metro lineal a las vendedoras, lo que genera pagos diarios variables de 80, 120 o hasta 140 pesos, mismos que se realizan en la caja de la UIEP sin folio, sello o firma que permitan su identificación contable.
Las propias mujeres señalaron que personal del área de Finanzas les informó que el pago se destina a papelería y que se trata de una instrucción de la Secretaría de Educación en Puebla y de autoridades sanitarias, por posibles afectaciones a la salud; sin embargo, el colectivo sostiene que no existe respaldo documental que confirme esta versión.
Además, alertaron que se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad económica, algunas de ellas monolingües, para quienes esta actividad representa su única fuente de ingresos.
Añadieron que también han sido objeto de estigmatización dentro de la institución, al ser señaladas como responsables de enfermedades o del deterioro de las instalaciones.
En la denuncia se advierte que los hechos pueden ser comprobados mediante la revisión de caja, registros contables, bitácoras, órdenes internas y entrevistas con personal administrativo, por lo que solicitaron visitas presenciales a la universidad, ubicada en una zona de difícil acceso en la Sierra Norte de Puebla.
El colectivo pidió la suspensión inmediata de esta práctica y una revisión interna para determinar responsabilidades y reparar el daño. Entre las posibles faltas señaladas se encuentran abuso de funciones, desvío de recursos, encubrimiento, violencia institucional y violaciones a derechos humanos.
Finalmente, cuestionaron que una universidad pública orientada a la atención de pueblos originarios “permita prácticas que podrían constituir violencia económica y discriminación, en pleno Año de la Mujer Indígena”.
