PUEBLA, PUE.— A partir del próximo martes 3 de noviembre entrará en vigor la medida impulsada por el Gobierno Federal para restringir el uso de teléfonos celulares y pantallas en las escuelas de educación básica de todo el país, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la disposición se implementará tras lograr un consenso con las autoridades educativas de las entidades federativas para resguardar el entorno escolar y mejorar el aprovechamiento en las aulas.
🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que vendrá a Puebla este fin de semana, como parte de su gira por el segundo informe de gobierno, que concluirá esta semana. pic.twitter.com/ZfhGkT3r2b
— Gremio 51 (@gremio_51) September 21, 2026
Alcances de la medida y uso exclusivo para emergencias
La disposición federal establece reglas claras sobre la portación y uso de dispositivos móviles por parte del alumnado en los planteles de preescolar, primaria y secundaria:
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Portación condicionada: Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos guardados en la mochila únicamente para atender casos de emergencia o fuerza mayor.
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Prohibición de uso: Quedará estrictamente prohibida la manipulación y uso de pantallas o teléfonos durante las horas de clase y el tiempo de recreo.
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Enfoque Pedagógico: Sheinbaum rechazó calificar la norma como una "prohibición" y prefirió referirse a ella como una "orientación" para fortalecer los procesos pedagógicos tradicionales, argumentando que la exposición continua a pantallas limita el desarrollo cognitivo infantil.
Publicación en el DOF y periodo de implementación
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló la ruta administrativa para la aplicación del acuerdo a nivel nacional:
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Publicación de lineamientos: El documento reglamentario se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Periodo de adaptación: Contará con un plazo de 30 días posteriores a su difusión oficial para su entrada en vigor formal en todo el sistema educativo del país.
Con este consenso federal, los estados deberán coordinar con las comunidades escolares y los comités de padres de familia la aplicación de la norma.
