CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró este martes que el Gobierno Federal no procederá con una detención urgente en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que las autoridades de Estados Unidos no han presentado ninguna prueba que sustente dicho requerimiento
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria nacional detalló que la solicitud enviada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense corresponde estrictamente a una petición de "detención urgente con fines de extradición" y no a un juicio formal, por lo que no existen tiempos legales fatales para emitir una resolución.
“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna prueba”, enfatizó la titular del Ejecutivo.
México responderá bajo sus propios términos
Sheinbaum Pardo fue contundente al señalar que el mecanismo bilateral de cooperación judicial faculta al Estado mexicano a rechazar la petición en caso de que Washington mantenga el expediente sin sustentos probatorios reales.
“Si no hay pruebas, el gobierno dice: ‘No’. Estados Unidos puede iniciar un juicio [formal] si es que así lo considera pertinente”, advirtió la mandataria, recordando que este tipo de exigencias normativas son habituales y que incluso México ha recibido respuestas similares por parte de las autoridades estadounidenses cuando la documentación ha sido insuficiente.
Deslinde de seguridad federal
La aclaración presidencial coincide con el pronunciamiento del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien en el mismo espacio confirmó de manera tajante que ni el exmandatario sinaloense ni los otros exfuncionarios señalados por el país vecino cuentan con protección federal o escoltas de la dependencia, precisando que la seguridad del político corre a cargo, de forma exclusiva, de las corporaciones del estado de Sinaloa.
Con esta postura, el Gobierno de México marca una distancia jurídica frente a las presiones de Washington, turnando cualquier otra indagatoria al curso que determine de manera autónoma la Fiscalía General de la República (FGR).
