CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó categóricamente cualquier riesgo institucional para su gobierno o para el partido Morena luego de confirmarse que los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos. La mandataria rechazó las versiones de la oposición que acusan la existencia de un “narcogobierno” en la entidad norteña.
"No hay ningún riesgo": La postura presidencial
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el impacto político y las posibles declaraciones que ambos exservidores públicos puedan realizar ante la justicia estadounidense, dado que están bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
🔴 "Ningún riesgo, ninguno".
La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein ) descartó afectaciones para Morena tras la entrega voluntaria de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida y Enrique Díaz, rechazando que el partido corra el riesgo de ser catalogado como… pic.twitter.com/OY5oJlSCY3
— Gremio 51 (@gremio_51) May 18, 2026
“No hay ningún riesgo, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno”, afirmó la primera mandataria de forma contundente, minimizando cualquier amenaza política para el movimiento de la Cuarta Transformación.
La ruta de las entregas voluntarias
De acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad Nacional, Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió de Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo de 2026 para cruzar hacia territorio estadounidense por la garita de Nogales, Arizona, donde posteriormente formalizó su entrega.
Días después, se confirmó que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, siguió el mismo procedimiento para ponerse a disposición de las agencias de inteligencia del país vecino.
UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y su círculo cercano
En el marco de este escándalo, la presidenta Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios locales señalados por el Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
La mandataria explicó que no se trata de una persecución política, sino de un mecanismo financiero internacionalizado: “Fue de una manera preventiva (…) dado que hay una orden de aprehensión en EE. UU. contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, detalló.
Rastreo de empresas y calma al sector privado
Ante la preocupación que la medida causó en el sector privado de la región, ya que la UIF extendió sus investigaciones al rastreo de empresas, socios y firmas ligadas al entorno del gobernador con licencia, la jefa del Ejecutivo federal envió un mensaje de tranquilidad. Defendió las facultades de la dependencia y aseguró que “ningún empresario tiene por qué temer” si sus operaciones comerciales se encuentran apegadas a la legalidad.
Tensión política y diplomática
El caso ha escalado a nivel bilateral debido a la gravedad de las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que incluyen conspiración para importar narcóticos. Aunque Rubén Rocha Moya ha rechazado tajantemente los señalamientos calificándolos de infundados, su solicitud de licencia al cargo y la entrega de sus hombres de confianza han puesto bajo un escrutinio sin precedentes a la cúpula política sinaloense y mantienen bajo la lupa la relación diplomática en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.
