.– Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fue detenido este viernes en territorio europeo por agencias internacionales, bajo una orden de captura emitida por autoridades de los Estados Unidos.
De acuerdo con los primeros reportes, tras confirmarse su ubicación y detención en el viejo continente, el exfuncionario estatal habría aceptado, a través de sus representantes legales, entregarse de manera inmediata a la justicia estadounidense para enfrentar cargos federales relacionados con presunto narcotráfico y lavado de dinero.
El contexto de la investigación
La captura de Díaz Vega se deriva de una indagatoria encabezada por la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, la cual involucra a un grupo de diez funcionarios y excolaboradores cercanos a la administración de Rocha Moya. Apenas esta misma semana, bajo el mismo expediente, se confirmó la entrega voluntaria del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, en la frontera norte.
A Enrique Díaz Vega se le señala de presuntamente haber facilitado operaciones financieras y otorgado protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa durante su paso por la administración pública entre 2021 y 2024. Fuentes cercanas al caso indicaron que la defensa del exsecretario intentó inicialmente negociar un acuerdo para convertirlo en testigo colaborador, propuesta que fue rechazada en primera instancia por las agencias norteamericanas.
Negocios inmobiliarios y observaciones patrimoniales
Díaz Vega, quien dejó el cargo en febrero de 2024 argumentando haber dejado "finanzas sanas", ya se encontraba bajo el escrutinio público en semanas recientes tras revelarse un crecimiento patrimonial superior a los 141 millones de pesos.
Investigaciones periodísticas locales documentaron que, de manera paralela a su gestión pública, el exfuncionario mantuvo el control de firmas inmobiliarias mediante las cuales obtuvo permisos estatales para el desarrollo de proyectos de vivienda de alta plusvalía estimados en casi mil millones de pesos, la mayoría de ellos presuntamente liquidados mediante transacciones al contado.
Hasta el momento, las agencias de seguridad de los Estados Unidos no han precisado el país europeo exacto donde se ejecutó la detención, mientras que el Gabinete de Seguridad en México se mantiene atento al desarrollo de las transferencias judiciales hacia las cortes de Nueva York.
