CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de nueve funcionarios y excolaboradores. Esta medida responde a las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que vinculan a Rocha Moya y a su círculo cercano con una presunta red de protección política y financiera al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de "Los Chapitos".
El bloqueo, instruido mediante el acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo, también alcanzó las cuentas de uno de los hijos del mandatario con licencia y del senador Enrique Inzunza Cázarez. La notificación fue distribuida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligando a las instituciones financieras a suspender cualquier operación y congelar los activos de los implicados en un plazo máximo de diez días hábiles.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante su conferencia matutina que desconocía los detalles específicos de esta intervención. La mandataria señaló que la UIF es un área técnica que procede de manera autónoma cuando detecta irregularidades, por lo que solicitó a la dependencia informar formalmente sobre el caso una vez que los procesos lo permitan.
La acción de la Secretaría de Hacienda ocurre en un contexto de alta presión internacional, luego de que autoridades en una corte de Nueva York solicitaran órdenes de captura con fines de extradición contra los señalados. La investigación estadounidense apunta a que la estructura gubernamental de Sinaloa habría facilitado el tráfico de drogas hacia el país vecino y el encubrimiento de operaciones ilícitas del crimen organizado.
🚨El Gobierno Federal bloquea oficialmente las cuentas de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, bajo el acuerdo 152/2026 de la UIF.
La medida incluye a familiares de Rocha Moya y a otros 9 acusados por narcotráfico en EE. UU. pic.twitter.com/WakwkOL1xs
— Gremio 51 (@gremio_51) May 15, 2026
Finalmente, este congelamiento de activos representa el golpe financiero más significativo contra la administración de Rocha Moya desde que solicitó licencia. Mientras el sistema financiero nacional cierra filas para cumplir con la disposición de la UIF, el caso escala a nivel diplomático y judicial, poniendo bajo la lupa la relación entre el poder político sinaloense y las estructuras del narcotráfico.
