La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció contra el recorte de más de cinco semanas al calendario escolar 2025-2026 anunciado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al advertir que la medida vulnera el interés superior de la niñez y traslada la carga del cuidado a las familias.
Mediante un posicionamiento publicado en redes sociales, el organismo señaló que las modificaciones planteadas como medidas emergentes ante el contexto del Mundial de Futbol 2026 y las condiciones climáticas no representan una solución duradera, eficiente ni eficaz, pues afectan directamente el bienestar de infancias y adolescencias, así como de las personas responsables de su cuidado.
“La emisión de dichas disposiciones, sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas que ejercen los cuidados, vulnera el derecho a la niñez a ser debidamente cuidada”, se precisa en el documento.
Consideró indispensable que la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas revisen el ajuste al calendario escolar tomando como prioridad el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 3 de la Constitución, además de las condiciones laborales que enfrentan madres, padres y tutores.
De esta manera advirtió que, aunque se reducen las jornadas escolares, las jornadas laborales de quienes cuidan a los menores permanecen sin cambios, lo que podría provocar que muchos niños permanezcan solos en casa.
Indicó que esta situación incrementa su vulnerabilidad y podría generar afectaciones físicas, emocionales, cognitivas y sociales tanto a corto como a largo plazo, debido a la falta de acompañamiento y supervisión adecuada.
Además, señaló que muchas familias no cuentan con redes de apoyo suficientes para garantizar el cuidado y protección de los menores, lo que aumenta el riesgo de que sufran distintos tipos de violencia y contraviene lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ello, la CNDH llamó a las autoridades educativas federales y estatales a implementar mecanismos que permitan evaluar el impacto de estas disposiciones y considerar las condiciones sociales y familiares antes de aplicarlas.
