CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (21 de marzo, 2026) – A través de un manifiesto dirigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP), trabajadores de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Puebla denunciaron un sistema de explotación y persecución que suma 12 años operando en comunidades de alta marginación. Los 285 docentes afectados exigen el fin de la simulación contractual y el cese al hostigamiento por parte de directivos.
12 años de "invisibilidad" laboral
Los docentes señalan que, a pesar de sostener la educación media superior en zonas indígenas y rurales desde hace más de una década, el Estado ha operado bajo un esquema que les niega derechos fundamentales:
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Sin antigüedad: A pesar de 12 años de servicio, no se les reconoce el tiempo laborado.
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Sin seguridad social: Carecen de prestaciones básicas y certeza jurídica en sus contratos.
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Salarios en el aire: Denunciaron que, a la fecha, no existe claridad sobre el pago de la quincena actual ni puntualidad en sus remuneraciones.
Señalamientos de abuso y persecución
La denuncia identifica una estructura de control que, aseguran, utiliza el miedo como herramienta de gestión. Los trabajadores señalaron directamente a Francisco Ramírez Castañeda, Óscar Ortiz Balcázar y Jorge Ortiz Balcázarcomo responsables de instaurar un clima de silenciamiento.
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Represalias: Afirman que quienes alzaron la voz para exigir derechos dejaron de ser contratados o fueron víctimas de hostigamiento.
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Imposición: Calificaron como un agravio la reciente designación de Óscar Ortiz Balcázar como coordinador del área, señalando presunto tráfico de influencias.
Simulación sindical
El magisterio poblano alertó sobre un intento de "limpieza de imagen" a través de la afiliación forzada a un sindicato vinculado, presuntamente, con quienes han vulnerado sus derechos en el pasado. Acusan que se intenta posicionar como "representación laboral" a los mismos actores que han formado parte del problema de precariedad.
El pliego petitorio: "No más miedo"
Bajo la consigna de que el Estado es responsable por permitir estas violaciones sistemáticas, los trabajadores exigen:
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Reconocimiento inmediato de la antigüedad real (12 años).
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Seguridad social continua y pago puntual de salarios.
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Alto total a las represalias por organización docente.
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Garantías reales de libertad sindical sin simulaciones.










