CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (15 de marzo, 2026) – En una sesión clave para la seguridad carretera, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este domingo reformas al Código Penal para tipificar como delito el uso de artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas". La nueva legislación busca desmantelar una de las tácticas más comunes de las bandas dedicadas al asalto en autopistas y al sabotaje de patrullas.
La iniciativa, presentada por el diputado Andrés Villegas Mendoza, añade los artículos 192 Bis y 192 Ter a la ley estatal para castigar no solo a quien arroje estos objetos, sino a toda la cadena de suministro.
El catálogo de sanciones
La reforma establece penas severas que buscan inhibir la fabricación y distribución de estos instrumentos (estrellas metálicas, erizos o varillas de acero):
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Pena General (2 a 6 años): Para quien de manera ilícita posea, fabrique, distribuya o comercialice estos objetos con el fin de obstaculizar el tránsito o dañar a terceros.
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Pena Agravada (Hasta 9 años): La sanción aumenta un 50% cuando se presentan condiciones que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas o el impacto del delito.
¿Cuándo se aplica la pena máxima?
El marco legal contempla escenarios específicos donde el castigo será más riguroso:
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Ataques nocturnos: Cuando la visibilidad reducida aumenta el riesgo de accidentes.
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Facilitación de delitos: Si los artefactos se usan para ejecutar robos o asaltos.
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Contra servicios de emergencia: Ataques a ambulancias, patrullas o transporte público.
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Zonas de aislamiento: Si ocurre en autopistas donde la víctima no puede recibir auxilio inmediato.
Blindaje a operativos policiales
El diputado Andrés Villegas enfatizó que estos artefactos han dejado de ser "incidentes menores" para convertirse en herramientas tácticas del crimen organizado para evadir capturas.
"Hoy damos un paso firme para que quien arroje estos artefactos enfrente consecuencias penales claras. Son herramientas que ponen en riesgo a ciudadanos inocentes y en Puebla no vamos a normalizar la violencia", declaró Villegas tras la votación.
Con esta reforma, el uso de estos materiales para entorpecer persecuciones o dañar unidades de la Guardia Nacional, Policía Estatal o Municipal será procesado con la agravante máxima, garantizando que el sabotaje a la autoridad no quede impune.
