CIUDAD DE PUEBLA, PUE. – El gobernador Alejandro Armenta Mier defendió la reforma para que los integrantes del Poder Judicial en Puebla sean elegidos mediante el voto ciudadano, asegurando que esta medida es vital para erradicar vicios internos, como la filtración de órdenes de aprehensión a delincuentes.
En conferencia de prensa, el mandatario recordó su historial en la lucha por la democratización judicial desde el Senado y reafirmó su postura de transformar un sistema que, según denunció, en ocasiones alerta a los criminales antes de que las autoridades puedan actuar.
“Casualmente, cuando las Fiscalías quieren detener a delincuentes (…) antes de que salgan de las oficinas del juzgado, ya se enteró el delincuente antes que los ministeriales”, señaló Armenta, justificando la urgencia de la reforma.
La estructura de la elección: 187 cargos en juego
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que la iniciativa enviada al Congreso local busca la armonización con la reforma federal, contemplando la renovación de 187 cargos jurisdiccionales el 6 de junio de 2027.
Cargos a elegir por voto directo:
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32 Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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150 Jueces y juezas del TSJ.
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5 Magistrados(as) del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Reingeniería institucional: Nuevos órganos y autonomía
La propuesta incluye la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual contempla cambios profundos en la administración y vigilancia de la justicia:
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Tribunal de Disciplina Judicial: Sustituirá las funciones de sanción y evaluación de los servidores públicos.
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Órgano de Administración Judicial: Reemplazará al actual Consejo de la Judicatura.
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Autonomía total: El Tribunal de Justicia Administrativa se separará definitivamente del Poder Judicial para convertirse en un organismo autónomo.
Transición y derechos laborales
García Parra precisó que la reforma no excluye a quienes hoy imparten justicia; los jueces que actualmente están en funciones tendrán el derecho de participar en el proceso electoral de 2027 para buscar ratificarse en sus puestos bajo el nuevo esquema democrático.
Con este anuncio, Puebla se encamina a una de las transformaciones legales más profundas de su historia contemporánea, alineándose al calendario nacional de la Cuarta Transformación.
