Académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) condenaron los recientes hechos de violencia e inseguridad que han sacudido a la entidad en los últimos días, desde el asesinato de tres jóvenes en la zona de Angelópolis hasta los disturbios registrados a nivel local tras el abatimiento de un líder criminal en Jalisco.
El posicionamiento fue presentado la mañana de este lunes por Juan Carlos Espina, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno; las docentes Lourdes Rosas López y Rosario Andrade Gabiño; así como Juan Pablo Aranda Vargas, director del Instituto Promotor del Bien Común, quienes llamaron a la ciudadanía y a las autoridades a asumir un compromiso firme frente a la crisis de seguridad que vive el país.
Los investigadores hicieron referencia a los hechos recientes en Puebla: el 14 de febrero, tres jóvenes fueron asesinados frente al bar Sala de Despecho, en Angelópolis; el 17 de febrero, un joven de 20 años fue ultimado mientras pintaba la fachada de la capilla del Señor de la Misericordia, en la colonia Buenavista; el 20 de febrero, una mujer de la misma edad perdió la vida durante un asalto; además, una pareja de padres de familia, reportada como desaparecida el 19 de febrero, fue hallada sin vida horas después.
“Joaquín, Gisel y Emmanuel, Álvaro Meneses, Paulina, Karina Ruiz y Alexandro Trejo, todos asesinados en menos de 10 días en las calles de nuestra entidad, padres, madres, hijos e hijas que fueron arrancados de la existencia de forma arbitraria y violenta”, lamentaron.
Asimismo, retomaron los hechos ocurridos tras el operativo federal en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Indicaron que la reacción de grupos criminales derivó en bloqueos carreteros y episodios de violencia en la entidad.
Sin embargo, apuntaron que este problema no es reciente, ya que, con base en cifras oficiales, tan solo el mes pasado Puebla registró 60 homicidios dolosos, dos feminicidios, 349 lesiones dolosas, nueve casos de privación ilegal de la libertad, dos secuestros y cientos de denuncias por distintos tipos de robo y violencia familiar.
“Por sí mismos, estos datos describen una realidad preocupante que muestra la fragilidad de las y los ciudadanos a una violencia que parece haber capturado nuestras calles, nuestras plazas, templos y hasta nuestros hogares. Sin embargo, estos datos dan cuenta de la realidad solo parcialmente”, expusieron.
Subrayaron que la crisis de seguridad afecta a todos los sectores sociales, desde quienes acuden a trabajar o estudiar hasta quienes abren un negocio o transitan por espacios públicos.
Ante esto, insistieron en que la solución exige una respuesta integral: vigilancia ciudadana sobre autoridades y servidores públicos, y una participación activa de la sociedad civil para denunciar abusos y respaldar acciones que fortalezcan la legalidad.
